El reproche injusto.

Comienzo esta reflexión citando a Cicerón:

“...Y el colmo de la indignidad es que no se valen contra nosotros de sus bandidos, de los criminales y perversos que les siguen, sino de vosotros, procurando que los mejores ciudadanos sean quienes hagan peligrar a los más virtuosos; y lo que no pudieron destruir con las piedras y las espadas, las teas y la violencia de las turbas armadas, piensan destruirlos con vuestra autoridad, vuestra justicia y vuestras sentencias...”

Lo anterior, es un fragmento del discurso “En defensa de Sextio”, en un escenario totalmente distinto llegan a mi estas palabras como adecuadas para definir una situación que me preocupa y de la que versará el presente ensayo.

En las líneas del discurso citado, encontramos un reproche y una advertencia, que en mi opinión deben ser trasladadas a la situación del México del Siglo XXI, al México del 2011, en el que el fenómeno del narcotráfico a alcanzado dimensiones “para-estatales”.

En fechas recientes hemos visto diversas y multitudinarias manifestaciones exigiendo del Ejecutivo Federal un cambio en la estrategia en contra de la delincuencia organizada y, resumen sus exigencias en frases poderosas, justas y con una autoridad moral innegable “No más sangre”, “Ni un muerto más”, etc.

El pueblo exige, con la autoridad que tiene como titular originario de la soberanía, cambios en una diversidad de materias, hoy día, la más inmediata, es la exigencia de seguridad, sin duda, el pueblo debe exigir eso del gobierno que se ha dado, pues esa es su función principal, preservar la seguridad para garantizar la Libertad que sólo las leyes pueden darnos.

El mismo orador romano citado, exclamó que “para ser libres hay que ser esclavos de la ley” y Jacobo Rosseau, escribió que el contrato social, y por ende el Estado, tiene como propósito:

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y mediante la cual, cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, mas que a sí mismo y permanezca tan libre como anteriormente...”

Sin embargo, Rousseau, también expuso:

“...Se trata, por lo tanto, de distinguir claramente los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano, así como los deberes que han de cumplir los primeros en su calidad de súbditos, del derecho natural de que deben disfrutar en su calidad de hombres...”

Y si bien, la soberanía reside en el pueblo en su conjunto, como elemento humano de la formación del Estado y es única, indivisible, imprescriptible e inalienable, está no podría ser ejercida permanentemente por la totalidad de los individuos que habitan un Estado, por lo que la soberanía únicamente reside originariamente en el pueblo y es trasmitida al poder de mando originario, denominado gobierno, el cual es único y se divide solo para su ejercicio en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quiénes por efecto de la delegación, detentan la soberanía que originariamente pertenece al pueblo.

Empero, hay que recordar que el fin de la creación de un Estado, con los elementos que lo componen, es decir Población, Territorio y Poder de Mando, es crear una forma de asociación que dentro de un marco de orden, que solo las leyes pueden dar, se generé las condiciones necesarias para la generación de progreso.

Es así, que si bien el pueblo, tiene el Derecho de exigir a sus gobernantes, también tiene el deber de respetar su condición de súbditos a las leyes que el mismo pueblo, en un acto constitutivo se ha dado, con el fin, parafraseando a Rosseau, de permanecer tan libre como sea posible.

El Derecho a la Revolución, que todo pueblo tiene, es válido sólo en contra de aquellos gobiernos que han desvirtuado de manera radical las leyes, convirtiéndose en gobiernos despóticos, totalitarios y/o absolutistas, que atenten contra la libertad de los individuos.

La Revolución, solo es justificable históricamente, contra los gobiernos tiránicos, contra aquellos gobiernos que sistemática, deliberada y constantemente atentan contra los derechos fundamentales de los individuos o bien de los grupos sociales que conforman un Estado, de otra manera, la Revolución, es un retroceso en la vida de un Estado.

Así, que al no encontramos en una situación que amerite una Revolución, el papel del pueblo, es el trabajo, la unidad, el proyecto y desde luego, la vigilancia de que la soberanía delegada sea efectivamente ejercida conforme a las reglas dadas, y si no es así, mediante los cauces legales existentes (elecciones), modifiquen el esquema seguido.

Lo expuesto en párrafos precedentes, lo he considerado oportuno, puesto que a últimas fechas, parece ser que el pueblo, confunde lo que es la soberanía originaria y la soberanía efectivamente ejercida, también parece olvidar cual es el papel del Gobierno y lo hace expresando un reproche, que aunque comprensible, me parece injusto.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracción “VI”, como facultad del representante del Poder Ejecutivo, lo siguiente:

“...Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación...”

Es una facultad y un mandato constitucional dirigido al Presidente de la República y que es de vital importancia por la función primordial del Gobierno, como garante de la seguridad del Estado en su conjunto.

Así las cosas, en fechas recientes, hemos visto el espectáculo del reproche nacional en contra del Presidente Calderón, exigiéndole un cambio de estrategia en la denominada “guerra contra la Delincuencia Organizada”.

Desde mi óptica, me parece que las manifestaciones en contra de la política del presidente, son victorias para los delincuentes, por qué son ellos los que han provocado esta situación y no el gobierno, son ellos los que siguen comprando armas, son ellos los que insisten en violentar las leyes que los ciudadanos de bien, nos hemos dado, son ellos los que matan, secuestran, extorsionan y contra ellos el juicio de amparo no es procedente, es por ello que estas manifestaciones, estos reclamos y reproches, venidos desde la tristeza de un padre que perdió a su hijo, o de una madre que perdió a la mitad de su familia, son victorias para los que violentan el orden público en pos de un negocio que, al día de hoy, es ilegal, son victorias para ellos, porque la población, haciendo uso de su legítimo derecho de protesta, de inconformidad, de vigilancia e incluso de soberanía, exigen del gobierno federal un cese al fuego que los ataca, con poca o mucha efectividad.

No olvido la importancia de otras políticas públicas que dirigidas correctamente ayudarían a palear el problema de la delincuencia organizada, la educación, pregonan unos, la oportunidad, pregonan otros, la generación de condiciones necesarias para el desarrollo personal de los más pobres, es la bandera de otros.

¿Pero acaso eso, todo eso, no debe existir pese a la delincuencia, acaso eso no existe en la medida de lo que el Plan Nacional de Desarrollo, las Leyes, Reglamentos y Programas existentes dictan y, más importante aún, en lo que el presupuesto permite?

Podemos cuestionar la efectividad de esas Leyes, Reglamentos, Programas, etc., podemos aportar ideas para hacerlas más eficientes, pero eso es un ámbito muy distinto al del combate, persecución, prosecución y sanción del delincuente, lo demás, son acciones preventivas, dirigidas a un futuro, el combate, es la reacción contra el que ofende al Estado de Derecho, a la Ley, a la dignidad del ser humano que vive dentro de cierto grado de legalidad.

Aquí el problema es que la opinión pública, los periodistas tendenciosos, los fútiles pseudopensadores de izquierda, de derecha, de centro, etc., han dividido el problema en tres bandos, 1) los delincuentes; 2) el gobierno y; 3) La población civil. Así entonces, cuando muere un civil alcanzado por una bala en un combate entre narcotraficantes o entre narcotraficantes y soldados, la baja no es del gobierno, sino del tercer bando, es decir, es una baja a la población civil inocente.

Perdón, pero esa óptica es errónea, puesto que en un Estado, el pueblo o población civil, es decir, aquella que se encuentra cumpliendo el pacto social, o al menos no agrediéndolo, debe estar identificado con el Gobierno, así las cosas, hay en realidad dos bandos 1) Los agresores al contrato social y; 2) El Estado. Así que si un civil, muere como resultado de estos combates, no es una baja para un tercer bando, sino que es una baja para el Estado, lamentable como todas, pero en cierta medida inevitable en un combate.

La delincuencia organizada, se ha aprovechado del discurso políticamente correcto, a abusado de la población, orillándola a pedir en nombre de su inmediata tranquilidad, una tregua en favor del violento.

Rosseau y Hobbes estaban equivocados, ni todo hombre es el lobo del hombre, ni todo hombre es un buen salvaje en su estado de naturaleza, pero al que es lobo, hay que domesticarlo y en su caso, habrá que sacrificarlo, en beneficio de los demás y todo Estado, debe estar dispuesto a cortar la mala hierba, en pos de alcanzar su propia estabilidad y paz, y esta acción no debe apreciarse como un sacrificio, sino como una facultad.

Al criticado e incomprendido Maquiavelo, la guerra se le impuso con tal contundencia que tuvo que reflexionar sobre ella y la pensó como un acontecimiento ineliminable de la vida social, lo cual es mucho decir pues, a sus ojos, la vida de los seres humanos sólo transcurre en sociedad. Su fuente de información fue la historia de los acontecimientos pasados tal y como fueron narrados por los clásicos y la experiencia de los tiempos presentes. Ahora bien, que la guerra sea connatural a los seres humanos en sociedad no le llevó a la resignación ante ello, sino al intento de racionalizarla para acotarla.

En este contexto, la guerra aparece como un recurso legítimo de los Estados firmemente asentados siempre y cuando se emplee para no perder estabilidad y seguridad. Así, la guerra aparece como el uso de la fuerza militar por parte del poder político con el fin de proporcionar estabilidad y cohesión interna al Estado, recurso que debe aplicarse a la situación actual en el país, pese a su carácter sui-generis, por ser una especie de guerra interna.

Yo clamo por que el pueblo de México, reaccione con madurez, con valentía y coraje, para que el Estado que hemos logrado construir, sea cada vez más sólido y esto solo se logrará con el respeto al Derecho.